Oposición impone su mayoría y aprueba propiedad, libertad de elección e inexpropiabilidad de los fondos de pensiones

Alrededor de las 16:00 horas, como se había anunciado previamente, las cuatro comisiones del Consejo Constitucional retomaron la votación de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, luego que la mesa designada para negociar acuerdos entre el oficialismo y la oposición fracasara rotundamente en el intento. En esta línea de trabajo, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales continuó en la misma tónica con lo ha venido haciendo desde que se inició el proceso de votación, es decir, la mayoría opositora siguió aprobando sus enmiendas en lo que respecta, esta vez, al artículo 16 relativo a los derechos sociales y, en particular, en lo que dice relación a la seguridad social. No obstante, en materia laboral hubo mayor acuerdo.

Al inicio de la sesión, el consejero oficialista Miguel Littin hizo ver su molestia por la falta de acuerdos y por el hecho de que se estuviera votando “bloque contra bloque”, donde la mayoría continúa imponiendo su mirada y sentenció que “podrán vencernos, pero no será vencedores realmente, porque no nos han convencido de nada”, sacando aplausos desde su sector.

Pero la oposición no se quedó callada y, desde Chile Vamos, el UDI Carlos Recondo refutó al cineasta, asegurando que su sector demostró la voluntad de debatir para llegar a acuerdos, que finalmente no se han alcanzado.

Este es el ánimo que imperaba en esta comisión al retomar la votación. Llegado el momento de votar uno de los temas que ha generado mayores diferencias, como es el inciso 27 del artículo 16, sobre el derecho a la seguridad social, la tónica con que se ha trabajado hasta ahora no varió sustancialmente.  Aunque se aprobó por unanimidad una enmienda de unidad de propósito (UDP).

Esta dice relación con sustituir un término en el literal “a” del inciso 27 del artículo 16, que en su texto original establece que “el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”.

Mientras que la enmienda de UDP reemplaza el término “desempleo” por “cesantía”. Pero sólo hasta aquí llegó el acuerdo, ya que se rechazó la enmienda propuesta por el oficialismo para interponer un literal nuevo entre los “a” y “b” del inciso 27, que establecía que “la seguridad social se funda en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.

“Con mi plata no”

Y, finalmente, se llegó a la enmienda que la oposición más ha defendido en materia de seguridad social. A través de una enmienda de UDP, la oposición logró aprobar la propuesta de sustituir íntegramente el literal “b” del inciso 27, que en su texto original establecía que “los recursos con que se financie la seguridad social solo podrán destinarse al financiamiento y administración de sus prestaciones”.

La propuesta que aprobó la oposición, en cambio, establece que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Con ello Chile Vamos y republicanos impusieron lo que ha sido su lucha permanente en el debate previsional, en el marco de la discusión de la reforma de pensiones. En este sentido, el presidente de la comisión, el RN German Becker, defendió la enmienda admitiendo que “si bien las AFP no han dado el resultado que uno esperaba”, lo que atribuyó a la baja cotización del 10%, aseguró que no corresponde atribuirle a ello la pobreza de los jubilados.

Desde el sector opositor esgrimieron, además, que con esta enmienda le dan a la ciudadanía la libertad de elegir y se hace cargo de una de las iniciativas populares de norma más votadas por la gente como es “Con mi plata no”.

Por su parte, el vicepresidente del consejo e integrante de la comisión, el oficialista pro PS Aldo Valle, lamentó que “esta norma abre la posibilidad de continuar con un régimen previsional que los chilenos no sólo conocen, sino que padecen”.

Derecho al trabajo

Pese a las visibles diferencias entre ambos sectores  en materia laboral, fue en esta fase donde paradojalmente hubo más acuerdos.

En la sesión se votó, además, el inciso 25 del artículo 16, relacionado con el derecho al trabajo. Proceso que no estuvo exento de polémica, la que comenzó con la votación del literal “a) del inciso 25 del artículo 16, cuyo texto original estable que  “el derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho.

Y que fue reemplazado por la oposición con “el derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una retribución justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho”.

Acto seguido, una enmienda que alcanzó un mayor grado de acuerdo, ya que el consejero Littin se sumó a la oposición, es la que recae sobre el literal “c” del inciso 25, que en el texto del anteproyecto establece que “ninguna clase de trabajo está prohibida, salvo el trabajo infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la moral, la seguridad, a la salubridad pública, o al interés de la Nación”.

Este fue reemplazado por “se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad a la ley”.

Pese al debate que provocó este ítem se aprobaron dos enmiendas de unidad de propósito de manera transversal y unánime, que mantiene el texto del anteproyecto: la que establece  que “ninguna clase de trabajo está prohibida, salvo el trabajo infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la moral, la seguridad, a la salubridad pública, o al interés de la Nación”.

Y otra que establece que “ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”.